Buenos días y buena suerte (30.04.14) - El control de la corrupción. Otra tomadura de pelo
 
         Ya he insistido en otros comentarios anteriores que soy muy escéptico ante los procesos judiciales abiertos en España por los múltiples casos de corrupción que nos rodean entre ellos el del principal partido que nos gobierna, acosado por sospechas y evidencias  de corrupción interna y externa, hecho que nunca había sucedido en este país de forma tan clamorosa. Evidentemente todos los partidos u organizaciones afectados ponen en marcha su maquinaria de defensa para minimizar las acusaciones; algunas son visibles, otras se mueven en los subterráneos de la manipulación y la presión. El poder judicial se ha convertido en el único garante que tenemos los españoles para poner las cosas en su sitio, es decir, que los culpables acaben recibiendo el castigo que merecen y que con ello se active un movimiento de ejemplaridad que permita cambiar ciertas formas adulteradas de llevar a cabo la gestión pública. Pero como digo, desconfío de que estas múltiples causas judiciales acaben como casi todos deseamos.

        Pero leyendo las noticias que han publicado los medios de comunicación sobre las comparecencias que están teniendo lugar en el Congreso para valorar las medidas anticorrupción que pretende llevar a cabo el Gobierno, veo que no estoy solo en mi escepticismo. Por esa comisión parlamentaria están pasado personas representativas de los poderes del Estado que también son muy escépticas sobre lo que se está haciendo para atajar la corrupción. Como muestra les resumo algunas reflexiones del actual Fiscal General del Estado, Sr. Torres-Dulce, que lamenta la precariedad de medios legales, materiales y personales además de la ausencia de herramientas de investigación que sufren las causas abiertas. Añade que nuestra  legislación es insuficiente, muy enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que demanda la ciudadanía. Por otra parte, afirma que las actuaciones son exasperadamente lentas, difíciles de entender y sin que conlleven la recuperación del dinero robado. Para colmo, en muchos casos, se producen prescripciones incomprensibles y agujeros negros en la ejecución de las sentencias. Se sigue desahogando el Fiscal General cuando dice que la ciudadanía tiene  la sensación generalizada de que la Justicia favorece al poder. Como vemos, el panorama está pero que muy, muy negro y más cuando habla el Sr. Torres-Dulce  sobre la viabilidad e imparcialidad de los sumarios más llamativos, que resume así: “Las causas más complejas no las instruyen ni el juez ni el fiscal, sino que llegan precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria y la capacidad de filtraje crítico es muy limitada”. Pues bien, ya aparecieron las cloacas y los poderes ocultos puesto que esos dos organismos son controlados  por el Ejecutivo. En estas circunstancias nos preguntamos ¿Para qué necesitamos el Tribunal de Cuestas? Para nada, es un puro paripé creado por los partidos políticos para dar la sensación de legalidad además de  colocar en puestos  bien remunerados  a sus amigos.  Expertos y fuentes del organismo denuncian la parcialidad de la institución y su incapacidad para investigar y sacar a la luz casos como el de la doble contabilidad del Partido Popular. Ninguno de los casos de irregularidades en las cuentas de los partidos ha salido del Tribunal de Cuentas.  ¡Vaya, que nos siguen tomando el pelo!  Buenos días y buena suerte.


Antonio Gallego
 
 
 
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