Buenos días y buena suerte (10.04.25) - Denuncia contra Caja España-Caja Duero
 
        En plena campaña electoral ha estallado la noticia publicada por el Diario de León de que el Juzgado de Instrucción número 5 de León ha imputado a los 15 miembros que formaban el Consejo de Administración de Caja España-Duero en 2009  dentro de la investigación que lleva a cabo para determinar si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad financiera. El juzgado investiga una demanda presentada por Izquierda Unida de Castilla y León y por Ecologistas en Acción por los créditos concedidos a directivos con empresas constructoras que acabaron causando graves pérdidas a la entidad, entre ellos al ex presidente de dicha caja Santos Llamas, empresario y  consejero delegado del grupo constructor Carriegos. En su día, el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, dijo de él, en 2005, que era “un hombre de raza que ha abierto camino al progreso”. Buena visión la suya. Conviene recordar que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se inició en 2007 y que ya en 2009 era evidente el desplome de este sector que acabó arrastrando a una parte importante de Cajas de Ahorros, entre ellas a Caja España-Caja Duero, que a punto estuvo  de ser intervenida por el Estado y que acabó finalmente en manos de Unicaja.

        Como digo, la noticia ha saltado en un momento muy sensible para aquellos políticos que en aquel momento pertenecían al Consejo de Administración de la entidad y que aún siguen en activo y que aspiran a estarlo como es el caso de Fernando M. Maillo, actual presidente de la Diputación de Zamora. También por aquel entonces Rosa Valdeón ocupaba la presidencia de la Comisión del Control.

        Aquel Consejo de 2009 aprobó en su día una refinanciación muy ventajosa de la importante deuda  que el Sr. Llamas, a la sazón presidente de la caja, tenía con la entidad tanto en el plazo de demora para el pago de intereses como en la no exigencia de garantías suplementarias para asegurar la operación que finalmente produjo un grave quebranto para la entidad que el mismo presidía.

        Sin entrar en detalles engorrosos ni precisar declaraciones incorrectas a los medios de comunicación por parte del Sr. Martínez Maillo como meter en el mismo saco a otros políticos de la oposición que sólo estaban en la Asamblea General, ajena a todos estos embrollos, personalmente creo que la clave para conocer el recorrido que pueda tener esta denuncia en el ámbito judicial estará en lo que desvelen las declaraciones ante la jueza por parte de los peritos del Banco de España que habían realizado varios informes advirtiendo al Consejo de Administración de la entidad, según se dice,  del riesgo de la concentración de créditos de Sr. Llamas; también se dice en la noticia de prensa que  el Banco de España ya había advertido en 2006 y 2008 a la caja de los riesgos de la concentración de créditos en las empresas de su entonces presidente. El documento del supervisor denunciaba «la existencia de deficiencias en los informes de concesión de créditos y la inexistencia de informes de seguimiento de la situación de los acreditados, así como incumplimientos de los límites prudenciales y porcentajes máximos de financiación sobre los valores de tasación de las garantías establecidas por la Política de Riesgos de Caja España».

        Si se confirma la existencia de estos informes, habrá que saber con seguridad quién fue el receptor de ellos, que sin duda al menos sería el director de la entidad. No es seguro que se remitiesen al propio presidente (aunque dudo mucho que no lo supiese) ni al Consejo de Administración  ni a la Comisión de Control  ni al Comité de Riesgos que debió aprobar técnicamente la operación. Esta distribución interna siempre le correspondería, sin duda, al director de la Caja.

        Como digo, aquí reside el quid de la cuestión. Posiblemente ante la gravedad de la situación, evidenciada por un sector inmobiliario que se hundía sin remisión y que acabaría arrastrado a la caja, el Banco España podría haber distribuido el informe oficialmente a más órganos de la entidad: Presidente, Consejo de Administración y Comisión de Control pero esto aún no se sabe y supongo que deberá estar en el sumario que instruye la jueza. De ello dependerá que se archive o no la denuncia o que se pueda extender a otras personas o estamentos de la Caja.

         Sorprende sobremanera cómo casi todos los políticos que coparon los órganos de gobierno de las cajas se están marchando de “rositas”, como si fuesen transparentes, no asumiendo ninguna responsabilidad. Parece que sólo estaban allí para aparecer sonrientes en alguna foto, cobrar sus suculentas dietas y poder obtener alguna ventaja para su zona de influencia política. Pero pienso que los ciudadanos no son ajenos a ello y confió que les pase factura.

        Salud y suerte.


Antonio Gallego

 
 
 
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