Nuestras raíces podridas (22-03-2016)
 
        Aunque ya se ha escrito y repetido muchas  veces por personas mucho más preparadas que yo, el poder en España, desde que somos una democracia, se ha caracterizado por:

1.- La ocupación de las instituciones públicas por parte de los partidos políticos.

2.- Hacer política vía el clientelismo y por intereses corporativos.

3.- Crear una producción legislativa devaluada donde ha primado la publicidad de una nueva ley sobre el cumplimiento de la misma y los resultados que realmente va a producir. Sin olvidarnos de los propios incumplimientos de la  Administración.

Es verdad que tenemos división de poderes pero los partidos políticos se han encargado, paso a paso, de adulterarlo y se han instalado en la idea de que por el hecho de ser votados por mayoría o con suficientes votos ya han conseguido una “patente de corso” para tener la legitimidad de hacer lo que les viene en gana. Quieren controlar todo: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas. En todos ellos, los partidos políticos han sustituido la “conocida competencia”  de sus componentes por el de “suficiente afinidad o lealtad al partido que los propone”.  De la independencia parece que ni quieren acordarse porque no quieren elegir personas con esa condición. Con ello, la mediocridad está asegurada y no es difícil encontrar personas que se presten a ello.

Además de lo ya comentado, la Administración Pública ha sido fagocitada por los partidos en el poder, debilitando los criterios de independencia y capacidad de sus funcionarios. Con ello no sólo se ha debilitado la Administración sino que  a su vez se ha puesto otra mordaza al  mecanismo de contrapeso de los propios partidos políticos.

Pasando a la esfera privada, especialmente en grandes corporaciones, grupos mediáticos, medios de comunicación y sectores estratégicos (energía, financiero, construcción, etc.), los partidos que nombran a sus consejeros van creando redes de clientelismo por todos los  sectores  del país. Con ello, muchas regulaciones sobre estos sectores son de dudosa eficacia y se prefiere recurrir, cuando no hay una evidencia clara de lo que se legisla, al concepto genérico del llamado “interés general”. Las presiones de los gobiernos y de los grandes partidos sobre instituciones de la sociedad civil han sido clamorosas y evidentes.

Este clientelismo practicado tanto por el Estado Central como por los gobiernos autonómicos nos ha llevado al favoritismo en la contratación de personas y proveedores  repercutiendo negativamente en la calidad y propiciando la ineficiencia de lo realizado además de elevar gratuitamente los presupuestos de las propuestas que muchas veces acababan en las corrupciones ya conocidas por todo el país. No olvidemos que la corrupción y la práctica clientelar no son independientes, todo lo contrario.

Sobre esta falsa estructura, viciada y podrida, no se puede construir un Estado de calidad, justo, independiente y a favor de los ciudadanos. Por mucho que se diga y se prometa, siempre estaremos en el mismo sitio.

Salud y suerte.

Antonio Gallego
 
 
 
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