El difícil encaje de Cataluña en España.

 
 

Discurso de Ortega y Gasset sobre el Estatuto de Cataluña (1932): “Yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles”.

La situación, como veremos, viene de lejos y el momento histórico más conocido se inicia con la Guerra de Sucesión Española de 1701-1713 cuando la Casa de Borbón, reinante en Francia, sustituye a la Casa de Habsburgo de Austria. La defensa de los derechos de Carlos III y Felipe IV generó la guerra que fue ganada por la casa borbónica. Nada más tomar el poder Felipe de Anjou, con los Decretos de Nueva Planta,​ se produjo la abolición de las instituciones y libertades civiles catalanas y se extendieron a los diversos territorios de la Corona de Aragón buena parte de las instituciones castellanas.

La Revolución Industrial de Cataluña, con la era del vapor, se produjo entre 1840 y 1891, lo que convirtió a la región en uno de los territorios de mayor dinamismo industrial y se incorporó al grupo reducido de las regiones europeas que alcanzaron antes de 1860 unos niveles de industrialización elevados. La Revolución Industrial fue posible por el renacimiento económico que experimentó la sociedad y la economía catalana durante el siglo XVIII.

El siglo XIX ve también la primera vertebración del catalanismo como movimiento político. En 1880 tiene lugar el Primer Congreso Catalanista. Reclaman una escuela en lengua catalana para transmitir la cultura y la lengua. Esta demanda tiene una primera respuesta en 1882 con la creación del Centro Catalán, constituido por Valentí Almirall. En 1883 se reúnen en el Segundo Congreso Catalanista, dando paso al primer acto oficial en catalán: el Memorial de agravios. Se trata de un escrito pidiendo al rey, Alfonso XII, ciertos privilegios políticos. En 1873, a raíz de la proclamación de la Primera República Española, un grupo de federalistas intransigentes intentaron, desde la Diputación de Barcelona, proclamar el Estado Catalán.

En 1901 se formó la Liga Regionalista de Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, que impulsó la Solidaridad Catalana, bajo el liderazgo de Prat de la Riba, que consiguió una primera plataforma de autogobierno desde 1716: la Mancomunidad de Cataluña (1913-1923). Finalmente el gobierno, necesitado del apoyo parlamentario de los catalanistas, se decidió por la vía del decreto que el 18 de diciembre de 1913 el rey firmó: el derecho de mancomunidades provinciales. ​ La Mancomunidad respondía a una larga demanda histórica de los catalanes, en significar la federación de las cuatro diputaciones catalanas y en cierto sentido un retorno de la capacidad de la gestión administrativa de las antiguas Cortes Catalanas. Aunque debía tener funciones puramente administrativas, y sus competencias no iban más allá de las de las diputaciones provinciales, adquirió una gran importancia política: representaba el primer reconocimiento por parte del estado español de la personalidad y de la unidad territorial de Cataluña desde 1714. En un primer momento se permitió que la Mancomunidad continuara existiendo, pero la dictadura de Primo de Rivera trabajó a fondo contra el nacionalismo catalán republicano, cada vez más radicalizado y en alza, prohibiendo partidos, asociaciones e instituciones autóctonas. Finalmente, la Mancomunidad de Cataluña fue definitivamente suprimida en 1924 y prohibido el uso de la lengua y la bandera catalanas en la administración y en la vida pública.

El 14 de abril de 1931, el mismo día en que se proclamaba la República en Madrid, Francesc Macià proclamaba desde el balcón de la antigua Generalidad de Cataluña la República Catalana dentro de una federación de pueblos ibéricos. El hecho motivó preocupación fuera de los círculos nacionalistas, siendo solucionado con la restauración de la Generalidad de Cataluña. La posterior aprobación de la Constitución republicana que, tras enconados debates reconoció la posibilidad de autonomía regional, permitió la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932. Los diputados catalanes elaboraron un Estatuto aprobado en referéndum el 2 de agosto de 1931 y modificado y aprobado en las Cortes Españolas el 12 de septiembre de 1932.

El franquismo (1939-1975) supuso en Cataluña, como en el resto de España, la anulación de las libertades democráticas, la prohibición y persecución de los partidos políticos (salvo Falange Española Tradicionalista y de las JONS), la clausura de la prensa no adscrita a la dictadura militar y la eliminación de las entidades de izquierdas. Además, se suprimieron el Estatuto de Autonomía y las instituciones de él derivadas, y se persiguió con sistematicidad la lengua y la cultura catalanas, sobre todo en la administración, en los medios de comunicación, en la escuela, en la universidad, en la señalización pública y en general en toda manifestación pública. El catalán fue excluido de la esfera pública y administrativa y quedó reducido al uso familiar y vecinal.

Lluís Companys, segundo presidente de la Generalidad de Cataluña restaurada, fue entregado por la Gestapo y fusilado por las autoridades franquistas.

Con la muerte del general Franco, se inició el periodo conocido como transición democrática, a lo largo del cual se irían alcanzando las libertades básicas, consagradas por la Constitución española de 1978. En ella se reconoce la existencia de comunidades autónomas dentro de España, lo que da lugar a la formulación del Estado de las Autonomías. Tras las primeras elecciones generales, en 1977, se restauró provisionalmente la Generalitat, gracias al impulso de la sociedad civil catalana (representada por la masiva manifestación que tuvo lugar en Barcelona el 11 de septiembre de ese año) y la iniciativa del Gobierno de Adolfo Suárez, apoyada por el rey y las altas instancias del Estado. Al frente de la Generalidad restaurada se situó Josep Tarradellas, que había preservado la legalidad del autogobierno catalán como Presidente en el exilio, tras declarar su adhesión al rey y al proceso de reforma política. Tarradellas constituyó un gobierno autónomo provisional compuesto por representantes de las fuerzas más relevantes en aquel momento.

En 1979, se aprobó finalmente un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, netamente superior al de 1932 en algunos aspectos como enseñanza y cultura, pero inferior en otros como justicia, finanzas y orden público. En él, Cataluña se define como “nacionalidad”, se reconoce el catalán como “lengua propia de Cataluña” y alcanza la oficialidad junto al castellano.

A lo largo de las décadas de 1980 y 1990 se desarrollaron diferentes aspectos de la construcción autonómica, entre ellos el despliegue de la policía autonómica, los Mozos de Escuadra, la creación de la administración comarcal y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También se desarrolló la Ley de Normalización Lingüística y la inmersión lingüística en las escuelas, a fin de fomentar el conocimiento y el uso del catalán; y se crearon la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, los medios de comunicación de radio y televisión de titularidad pública catalana (Catalunya Ràdio y TV3).

La reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 fue una propuesta que los partidos políticos progresistas catalanes empezaron a desarrollar durante la última legislatura de Gobierno de Convergència i Unió (1999-2003). En febrero de 2004 se constituyó en el Parlamento catalán la ponencia que iba a redactar el borrador del nuevo Estatuto, a la que el Partido Popular se sumó más tarde.]​ Al mes siguiente, las elecciones generales españolas de 2004 dieron la victoria al Partido Socialista Obrero Español y su líder, José Luis Rodríguez Zapatero formó gobierno, obligado por la promesa hecha durante la campaña de las elecciones catalanas de que apoyaría la reforma del Estatuto que aprobara el Parlamento de Cataluña. Sin embargo, cuando se conoció el borrador sobre el que estaba trabajando la comisión parlamentaria encargada de redactar el anteproyecto del nuevo Estatuto, el gobierno socialista hizo saber al presidente de la Generalitat Pasqual Maragall cuáles serían los límites que no se deberían traspasar: que no supusiera la modificación de leyes orgánicas, como la del Poder Judicial, que son competencia de las Cortes Generales; que no incluyera un régimen de financiación como el del concierto económico del País Vasco; que no se extendieran las competencias de la Generalitat a todas aquellas no atribuidas expresamente al Estado en la Constitución; y que no se estableciera el deber de conocer el catalán (una obligación que la Constitución sólo otorga al castellano). Estas condiciones, así como la preocupación del gobierno sobre la pretensión de definir Cataluña como una nación, fueron expuestas en nombre del gobierno por el ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla al president Pasqual Maragall durante la entrevista que mantuvieron en Barcelona el 12 de febrero de 2005. «No todo cabe en el Estatuto, a riesgo de hacerlo inabarcable», dijo el ministro en una conferencia que pronunció ese mismo día por la tarde ante el Círculo de Empresarios de Barcelona con el título Una visión de la España plural, y en la que identificó nacionalidades" con "naciones sin Estado".

Las elecciones autonómicas del 28 de noviembre de 2010 dieron de nuevo la victoria a Convergència i Unió, por lo que su candidato y cabeza de lista por Barcelona, Artur Mas, fue investido como presidente de la Generalidad el 23 de diciembre de ese mismo año. Pero esta legislatura acabó en fracaso después del rechazo del gobierno de Rajoy al pacto fiscal, la promesa electoral de Artur Mas y que buscaba terminar el déficit fiscal de Cataluña con un sistema parecido al concierto vasco.

Tras entrar en vigor el 18 de junio de 2006, el Estatuto fue recurrido por considerarlo inconstitucional en siete ocasiones por siete instancias distintas: el Partido Popular a través de la firma de sus diputados y senadores contra 187 artículos y disposiciones; el Defensor del Pueblo contra 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales, y cinco comunidades autónomas (Comunidad de Murcia, contra el artículo 117, La Rioja contra 12 artículos y siete disposiciones adicionales, Gobierno de Aragón contra una disposición adicional, Generalidad Valenciana contra ocho artículos y cuatro disposiciones transitorias, Gobierno de las Islas Baleares contra lo que establece el Estatuto sobre el Archivo de la Corona de Aragón).

El 28 de junio de 2010, mediante la Sentencia 31/2010, el Tribunal Constitucional, ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Popular resolvió por 6 votos a favor y 4 en contra la constitucionalidad de la mayor parte del texto, haciendo observar la "ineficacia jurídica" del Preámbulo (donde constaba el término nación al referirse a Cataluña) aunque el fallo mantiene la definición de Cataluña como nación, y declaró 14 artículos inconstitucionales.

El 10 de julio del 2010 hubo una manifestación en Barcelona, con el lema "Som una nació, nosaltres decidim",​ en contra de la resolución del Tribunal Constitucional, con el apoyo de todos los partidos políticos del Parlamento de Cataluña menos del PPC y de Ciutadans. La asistencia fue de un millón y medio según los organizadores y de un millón cien mil personas según la Guardia Urbana.

Dos años más tarde, influido por la presión callejera ante el malestar social y el creciente independentismo plasmado en la mayor manifestación de la historia de Cataluña en el 11 de septiembre de 2012 y que pedía la independencia de Cataluña, el presidente Artur Mas convocó unas nuevas elecciones, confiando en una posible mayoría absoluta para convocar un referéndum por la autodeterminación de Cataluña. Mas ganó las elecciones, pero perdió 12 escaños. Aun así, consiguió llegar a un acuerdo de gobernabilidad con ERC, el gran ganador de las elecciones ya que se había convertido en el segundo partido en escaños (siendo tercero en votos tras el PSC), por primera vez en la historia postfranquista. Este acuerdo dio lugar a la convocatoria de un referéndum por la autodeterminación de Cataluña en 2014, el cual fue condenado por el TSJC.

El suceso último acontece en septiembre de 2017 cuando el Parlament aprueba las Leyes de Referéndum y Desconexión anuladas posteriormente por el TC. A pesar de ello, el Govern Catalan mantiene la celebración de un referéndum de autodeterminación para el uno de octubre.

Con toda esta historia de encuentros y desencuentros, incrementada por la actual dinámica independentista que ha ido creciendo durante al menos los últimos cuatro años como consecuencia de la nefasta actitud del Gobierno Central, mirando para otro lado, y fiel al estilo político del Sr. Rajoy basado en que el tiempo soluciona los problemas, resulta difícil atisbar una solución. Nadie sabe a ciencia cierta que pasará a partir del día 2 de octubre.

La parte independentista catalana, en estos momentos, tiene exclusivamente como objetivo la independencia y no se conformará con paños calientes. La otra parte no independentista de la sociedad catalana está como en una nebulosa no movilizada sin saberse con exactitud como evolucionará. Lo que está muy claro es que así no se puede seguir por mucho tiempo y habrá que entrar en la negociación a la vez que se profundiza en posibles cambios constitucionales y de financiación autonómica, tema del que se lleva hablando durante mucho tiempo y que nunca se cierra.

De todas formas, la historia nos muestra que Cataluña siempre ha buscado la independencia y jamás renunciará a ella.  

Antonio Gallego

Miembro del FCZ

Zamora, 22 de septiembre de 2017




 
 
 
 
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