El espectáculo de la Justicia
 
 

 

Ya hace tiempo que los ciudadanos asistimos atónitos a las escaramuzas que se producen en el seno de los órganos de Justicia en España, siempre con fondo político partidista. Por desgracia, los españoles nos estamos acostumbrando a que la política contamine la vida social de este país y la Justicia no se queda al margen. La independencia es un atributo fundamental de la función judicial, de lo contrario el Estado carece de credibilidad ya que se priva al ciudadano de una instancia arbitral capaz de decidir entre él y los poderes sociales y políticos en conflicto. Muchos pensamos que el Derecho sirve, en una sociedad libre, para limitar el poder, pero nos tememos que por el camino que vamos, pueda convertirse en un instrumento de dicho poder, a pesar de estar en una democracia formal. Está claro que estas reflexiones personales se refieren a los órganos principales de la Justicia y no a los niveles que están más cercanos a la sociedad ni a los jueces a título personal. En ese mundo puede haber de todo.El espectáculo de la Justicia
Pero esa independencia que me gustaría que existiese, no puede significar que el juez esté legitimado para ejercer una función política, salvo que por el sistema de su nombramiento se le revista de tal legitimación. Algunos partidarios del activismo judicial señalan, sin embargo, que toda actividad judicial encubre necesariamente una actividad política, y por lo tanto proponen que se le dé carta de reconocimiento a la misma. Es cierto que toda actividad judicial tiene algo de actividad política, como ocurre con otras profesiones, en cuanto que siempre existe un margen de discrecionalidad inevitable. Pero ello no ha de confundirse con la necesidad de que la actividad judicial haya de ser, al mismo tiempo, partidista, o sectaria, y, sobre todo, esencial o marcadamente política.
Históricamente la Justicia ha estado casi siempre politizada en este país. Existe un interesante libro del profesor Díaz Sampedro de la U. Complutense de Madrid, publicado en el 2005, donde ha analizado la politización de la justicia hasta el año 1881. Si bien, en este caso, el profesor Díaz Sampedro ha centrado su investigación en la máxima instancia jurisdiccional, es decir, en el Tribunal Supremo, como órgano, y en sus magistrados como protagonistas y ejecutores de sus actuaciones. Todos los regimenes políticos de esa época, ya fuesen conservadores o liberales, han influido interesadamente en dicho órgano judicial y siempre han contado con parte de sus titulares.
Con todo ello, hace que el ciudadano tenga una valoración global de la Justicia bastante mejorable. Así lo indicó en su día el Libro Blanco de la justicia elaborado por encargo del Consejo General del Poder Judicial en 1997. En dicho informe se afirmaba "que existe en la sociedad un extendido estado de opinión que refleja una profunda insatisfacción con el funcionamiento de la Administración de justicia, y que afecta, o puede afectar muy negativamente, a la confianza del pueblo español en ella". El lugar que ocupaban las instituciones judiciales era de los más bajos en la credibilidad de los españoles, siendo calificada con un rotundo suspenso (3,6 sobre 10). Más de la mitad de los encuestados opinaban que la justicia funcionaba mal. El Libro Blanco tampoco era demasiado más compasivo con la forma de funcionar de la justicia, y en el informe abundaban los epítetos de "obsoleta", "ineficaz", "deficiente", "lenta", etcétera. Ocho años después, la situación en España no ha mejorado.
Este espectáculo sigue, intensificado en estos días, confundiendo a los ciudadanos, que con tanto ruido mediático no les resulta fácil encontrar una opinión propia. La Justicia, tan idealizada y mitificada, si se aleja de los ciudadanos y se refugia en el poder, en “lo oficial, será esa imagen ciega tan representada pero no como signo de independencia sino de no querer servir a la realidad de un país.


Antonio Gallego
Miembro del Foro Ciudadano de Zamora

Zamora, 5 de octubre de 2006

 
 
 
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