LA AUTORIDAD SANITARIA EN CRISIS
 
 

 

Si la respuesta de las instituciones ante conflictos que inciden directamente en la salud pública, indica hasta que punto la autoridad sanitaria existe, (y se ejerce adecuadamente), deberíamos afirmar que, entre nosotros, es evidente una peligrosa crisis en el ejercicio de la autoridad sanitaria. Y como muestra de que, efectivamente, esta crisis es una realidad, solo hay que analizar lo sucedido en las ultimas semanas en torno a dos conflictos de salud pública que han sido ampliamente tratados en los medios de comunicación a lo largo y ancho de Castilla y León: el brote de intoxicación alimentaria ocurrido en una Residencia de la tercera edad de Paredes de Nava, (Palencia), en la que se ha producido el fallecimiento de cuatro residentes, y la denuncia efectuada por diferentes colectivos vecinales en Santa Marta de Tormes y de Salamanca, apoyados por la plataforma del Colegio García Quintana de Valladolid, en relación con la supuesta aparición de casos de cáncer y de otras patologías en la proximidades de antenas de telefonía móvil. El análisis de la intervención institucional en ambos conflictos evidencia errores de fondo y de forma, que sería conveniente corregir cuanto antes. ¿Qué es lo que está fallando en la gestión de las crisis y conflictos de salud pública para que, pese a disponer de buenos epidemiólogos, de buenos laboratorios y de buenos sanitarios en los Servicios Provinciales de Sanidad se transmita tan mal a la opinión pública el trabajo de estos profesionales ante situaciones como las que recientemente hemos vivido? ¿Por qué desde la dirección política regional y provincial de los servicios de salud pública se impide que los dictámenes e informes técnicos lleguen a conocerse en tiempo y forma por los ciudadanos? ¿Qué se puede hacer para superar la desconfianza que el pasotismo y la lejanía de los responsables sanitarios está generando en la gente?
Digámoslo bien claro: los responsables políticos de los servicios de salud pública han gestionado mal estas crisis, (y otras anteriores como los denominados casos "aislados" de legionelosis), porque, torpemente, han decidido ocultar información a los órganos colegiados establecidos para informar a los ayuntamientos, diputaciones, entidades ciudadanas, sindicatos y empresarios. Órganos colegiados que, conviene recordar, no son otros que los Consejos de Salud de Zona y los inéditos Consejos de Salud de Área. Ante este tipo de crisis se han consolidado rutinas de ocultación que revelan viejos tícs autoritarios, y una manifiesta falta de liderazgo a la hora de explicar a los ciudadanos lo que ocurre en esos peculiares momentos en los que saltan las alarmas sanitarias. Son ya conocidas las lapidarias frases que se repiten ante cualquier crisis de salud pública: "Para que no se alarme la gente cuanta menos información se haga pública mejor" o "¿Para que vamos a convocar el Consejo de salud?". Pero en una sociedad tan abierta y permeable como la nuestra, los efectos de estrategias informativas basadas en la ocultación a la hora de abordar conflictos tan sensibles para la gente como son los que afectan a la salud pública, con frecuencia, se vuelven contra quienes las practican.
Porque no tiene ningún sentido que se debata en un Pleno Municipal el brote de intoxicación de Paredes de Nava, como de hecho ha sucedido, y que, por parte de las instancias políticas de la Junta, se eluda la convocatoria del Consejo de Salud de Área, para dar a conocer las conclusiones del informe elaborado al respecto por las unidades de epidemiología y de higiene de los alimentos. Lo que tiene que dictaminar el juzgado es una cosa, y lo que, ante cuatro muertes, deben explicar a la población los servicios de salud pública en los órganos colegiados establecidos para ello, (los consejos de salud de área), es otra bien distinta. Y, la verdad, resulta entre caótico y patético constatar, como pude hacerlo el pasado lunes día 25 en Santa Marta de Tormes, cómo los vecinos andan haciendo encuestas, piso por piso, para demostrar que la incidencia de casos de cáncer y otras patologías se relacionan con la proximidad de las antenas de telefonía móvil, sin que por parte de la autoridad sanitaria se haya dicho esta boca es la mía. Y que conste, que no afirmo que exista en Santa Marta un problema de incremento de los casos de cáncer relacionados con la proximidad a las antenas de telefonía móvil. Me limito a afirmar que la autoridad sanitaria debería decir si existe, o no, un anormal incremento de casos de cáncer y por lo tanto si existe un problema de salud pública. Me limito a sugerir que se debería solicitar la valoración de los datos existentes por parte de los servicios de epidemiología para que, en base a ellos, la autoridad sanitaria se pronuncie en uno u otro sentido. Es conflictivo y nada agradable hacerlo, pero parece claro que corresponde a quien debe ejercer la autoridad hacerse presente y pronunciarse para decir si existe, o no existe, un problema de salud pública en Santa Marta, en Zamora, en Valladolid, en Burgos, en Salamanca…etc. con las antenas de telefonía móvil.
Acaba de afirmar el presidente Herrera, a raíz del último retoque en el gobierno regional, que se propone cambiar la política informativa de su gobierno buscando la mayor proximidad con la ciudadanía. Pues bien, Sr. Presidente, créame que tiene usted tarea por delante si de verdad se plantea, (y no quiero dudarlo), acabar con la modorra que se ha instalado en muchas de las oficinas sanitarias de la Junta donde raramente la autoridad da la cara para informar a los ciudadanos en los órganos colegiados establecidos para ello.
Conociendo el percal no sé, la verdad, si le van a hacer caso Sr. Presidente….


José María Francia Viña
(Publicado en La Opinión El Correo de Zamora)

30 de Octubre de 2004

 
 
 
 
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